La transición hacia una economía sostenible ha dejado de ser una opción voluntaria para convertirse en un requisito legal ineludible. Con el marco normativo actual, impulsado por la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y el desarrollo reglamentario de la huella de carbono, las organizaciones en España deben documentar y gestionar su impacto ambiental con rigor técnico.

¿A quién afecta la obligación de declarar emisiones?

La normativa estatal centra el foco en las organizaciones de mayor tamaño y relevancia económica:

• Grandes empresas: Aquellas que superan los 250 empleados y cumplen con criterios de volumen de negocio superior a 40 millones de euros o activos mayores a 20 millones de euros.
• Entidades de interés público: Compañías cotizadas y entidades financieras, independientemente de su número de trabajadores.
• Administraciones públicas: Organismos sujetos a la administración estatal, autonómica o local.

El impacto específico en el sector de la construcción

El sector de la construcción se encuentra bajo una presión regulatoria doble debido a su alta intensidad en carbono y su fragmentación operativa:

• Licitaciones públicas obligatorias: La legislación exige que los contratos públicos de obras incorporen criterios de sostenibilidad. Las constructoras que no declaren su huella de carbono quedan automáticamente excluidas de los concursos de la Administración.
• Informes por proyecto, no solo por empresa: A diferencia de otros sectores, las constructoras deben segregar las emisiones por obra contratada para responder a las exigencias de promotores e inversores que buscan certificaciones como BREEAM o LEED.
• El reto del Alcance 3 en la cadena de valor: Aunque la obligación inicial se centra en los Alcances 1 y 2, las constructoras se ven obligadas a medir de forma indirecta el Alcance 3. Esto incluye el carbono embebido en materiales (cemento, acero) y el transporte de residuos, ya que los clientes finales exigen estos datos para sus propios informes.

¿Qué debe incluir la declaración de emisiones?

Un informe de huella de carbono válido y preparado para auditoría debe desglosar la actividad bajo metodologías estandarizadas (como GHG Protocol o ISO 14064):

• Alcance 1 (Emisiones directas): Consumo de combustibles en maquinaria de obra, flotas de transporte y fugas de gases refrigerantes en casetas o instalaciones.
• Alcance 2 (Emisiones indirectas por energía): Electricidad consumida en las oficinas corporativas y la acometida eléctrica provisional de las obras en ejecución.
• Plan de reducción de emisiones: Un documento estratégico con metas cuantificadas a un horizonte mínimo de cinco años.

¿Cómo se debe hacer el proceso de declaración?

El cumplimiento normativo requiere seguir una secuencia metódica de recopilación y presentación de datos:

• Identificación del año base: Establecer el periodo inicial de referencia para medir la evolución.
• Recopilación de datos de actividad: Obtener facturas de electricidad, albaranes de combustible de maquinaria y consumos de subcontratistas.
• Cálculo de equivalencias: Multiplicar los consumos por los factores de emisión oficiales del MITECO.
• Auditoría (cuando proceda): A realizar por un Organismo de Verificación Autorizado, entidades acreditadas por ENAC. Una vez comprobado el cálculo correcto, emitirá un Dictamen de Verificación.
• Inscripción: Registrar la huella en los canales oficiales habilitados por el Ministerio.

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